El pasado 3 de octubre, en un hecho sin precedentes, la presidenta de la República presentó una serie de reformas fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres e impulsar la igualdad sustantiva en nuestro país. Se trata de un ambicioso paquete de modificaciones a la Constitución General y a siete ordenamientos en materia de igualdad de género que, a solo tres días de haber arrancado esta administración, no dejan lugar a duda de que es tiempo de mujeres.
En primer lugar, la Presidenta propuso establecer en la Constitución la obligación del Estado de garantizar el derecho a la igualdad sustantiva.
En una sociedad que ha discriminado de forma sistemática a las mujeres, la igualdad formal no es suficiente. No basta con aplicar la ley de forma uniforme o prohibir la discriminación. Es necesario derribar las barreras sociales, económicas, jurídicas o de cualquier índole que les impidan ejercer plenamente sus derechos. La propuesta de la presidenta Sheinbaum reconoce la obligación del Estado de trascender la igualdad formal y generar las condiciones que permitan a las mujeres avanzar hacia un goce y ejercicio efectivo de sus derechos para estar en posibilidad real de elegir su destino.
En esa línea, la Presidenta propuso reformar el artículo 123 constitucional para que las leyes establezcan mecanismos que permitan reducir y erradicar la brecha salarial. La desigualdad en el entorno laboral es una de las manifestaciones más nocivas de la discriminación que enfrentan las mujeres en su vida diaria. Con esta propuesta, el Estado deberá implementar políticas específicas para hacer realidad el que, a igual trabajo, igual salario.
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