El día de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones promovidas por la ex candidata Xóchitl Gálvez y por los partidos políticos de la oposición. En su decisión, el Tribunal declaró como infundada la pretensión de anular la elección presidencial, por lo que el próximo 15 de agosto Claudia Sheinbaum recibirá la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de nuestro país.
En esencia, la oposición buscó anular la elección presidencial a partir de una serie de acusaciones estridentes que incluyen la supuesta compra de votos, el abuso de los programas sociales, o la “injerencia” del Presidente de la República y del crimen organizado. A manera de pruebas, los partidos demandantes se limitaron a presentar una serie de notas periodísticas, publicaciones en redes sociales y editoriales de carácter especulativo.
La nulidad de una elección no es una cuestión menor. Como lo reconoció el Tribunal Electoral, la violación de los principios fundamentales de nuestra democracia exige una demostración contundente. No basta con calumnias para anular una elección en la que se expresaron más de 60 millones de mexicanas y mexicanos. Es necesario demostrar irregularidades graves con un impacto determinante en el resultado de la elección. Ello no fue así.
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