El próximo 1 de junio México vivirá un proceso inédito: la ciudadanía votará directamente a quienes integrarán los órganos del Poder Judicial de la Federación. No se trata de una elección más. Es un momento decisivo para el sistema democrático, y una oportunidad histórica para transformar desde la base a uno de los poderes más cerrados del Estado mexicano.
La reforma judicial responde a una realidad ampliamente documentada. Durante décadas, el Poder Judicial operó como un espacio opaco, autorreferencial y profundamente jerárquico. Un poder que funcionó de espaldas a la ciudadanía, sin transparencia ni rendición de cuentas. Un sistema afectado por el nepotismo, el influyentismo y la corrupción. Una justicia extraordinariamente eficaz para las élites, pero lenta e inasequible para quienes menos tienen.
Quienes podían transformar al Poder Judicial desde adentro se negaron a reconocer sus fallas. Desde la soberbia revirtieron cualquier intento de cambio e insistieron en que solo ellos podían configurar el destino de la institución —como si les perteneciera. Frente a esa realidad, la reforma no fue un capricho ni un salto al vacío, sino la respuesta a una exigencia legítima de la ciudadanía: democratizar al Poder Judicial para construir una justicia diferente.
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