El próximo 1 de septiembre tomará posesión la nueva integración electa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello se abre un capítulo inédito en la historia constitucional del país: queda atrás una Corte aislada, autocomplaciente y confrontativa, y se inaugura la oportunidad de construir una justicia más cercana, sensible y comprometida con las necesidades del pueblo.
Durante los últimos años, la vieja integración confundió independencia con militancia partidista. Hizo de la confrontación con el Ejecutivo su bandera, se refugió en alianzas con grupos opositores y convirtió a la “defensa de la democracia” en un pretexto para frenar transformaciones que contaban con amplio respaldo popular. La Corte dejó de ejercer su papel como tribunal constitucional para jugar un rol de oposición política, generando desconfianza y alejándose de las causas reales de la gente.
La elección judicial cambió el método de designación de ministras y ministros, y con ello marcó un giro histórico. El anhelo: que el Poder Judicial deje de ser un reducto cerrado de élites y se convierta en una institución más abierta, plural y responsable. Una Corte que no mire con recelo al cambio social, sino que entienda que su función es acompañar el proceso democrático, garantizar los derechos y velar por la vigencia de la Constitución en beneficio de todas y todos.
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