INE: obstáculo para la elección judicial
El pasado 29 de marzo, el Consejo General del INE aprobó los criterios que regulan las campañas en curso para la elección judicial del próximo 1 de junio. Entre otras cosas, el INE prohibió a cualquier autoridad o dependencia utilizar recursos públicos para promover el voto o incentivar la participación ciudadana. De forma tajante y sin sustento legal, el árbitro electoral determinó que no se puede brindar información al pueblo de México sobre el proceso electoral más importante de nuestra historia reciente.
La medida viola el derecho de acceso a la información pública y los derechos de participación política. En términos prácticos, el INE impone un silencio institucional total sobre el proceso electoral. Ninguna dependencia, incluyendo a la Presidenta de la República, puede dar información relativa a este proceso inédito. Pero el voto plenamente informado no es solo un derecho individual, es la piedra angular de la vida democrática. Y en la ausencia de información suficiente, oportuna y accesible, este derecho corre el riesgo de volverse una quimera.
La promoción de la participación política —cuando es neutral, imparcial y no afecta la equidad de la contienda electoral— no está prohibida por la Constitución. Por el contrario, es un deber de las autoridades mexicanas. En una democracia robusta, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho al sufragio sin barreras de cualquier tipo, incluyendo la falta de información, sobre todo en un proceso tan complejo como el que se encuentra en curso.
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