Devolver la justicia a quien le pertenece

Cada vez que se plantea una crítica al Poder Judicial se habla de independencia y de autonomía, como si estos conceptos fueran fines en sí mismos, y no garantías instrumentales para la impartición de justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimidad social; esto es, la confianza de la ciudadanía en su aparato de justicia. Sin legitimidad social, la independencia no es sino una máscara para la arbitrariedad, y en el peor de los casos, un pretexto para juzgar en contra de los derechos e intereses de la gente.

La legitimidad social de la justicia en México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizá nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente —como lo hicimos durante los Diálogos por la Transformación durante seis intensos meses y en más de cuatrocientos foros—, resulta claro que tenemos una justicia elitista, cerrada, distante, opaca e ineficaz, que funciona para quienes pueden pagarla. Una justicia que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza, que tortura cuerpos, rompe familias, arruina vidas y que, en definitiva, ha perdido la confianza de la sociedad.

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