Quien ha recibido una llamada de extorsión conoce el nudo en el estómago, la incertidumbre que paraliza, el miedo que no se va. Quien ha sufrido el cobro de piso o ha sido amenazado por ejercer su trabajo de forma honesta, sabe que la extorsión no es solo un delito: es una forma de dominación que impide vivir con libertad. Un comerciante, un transportista, un productor del campo, una familia que abre cada día su pequeño negocio; nadie debería padecer esta injusticia. Y sin embargo, miles de personas la han enfrentado cotidianamente, sin protección ni salida.
La extorsión se ha vuelto uno de los delitos más extendidos en México. A diferencia de otras formas de violencia, su lógica es silenciosa, cotidiana y corrosiva: degrada la vida económica, rompe el tejido social y genera una atmósfera de amenaza permanente. Afecta particularmente a quienes se esfuerzan por trabajar con honestidad. Por eso, combatirla no solo es una prioridad de seguridad pública: es un imperativo de justicia.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso decisivo en esa dirección al presentar la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se trata de una política integral que parte de una convicción sencilla y contundente: ninguna persona debe vivir con miedo por ganarse la vida. Así, en el Gabinete de Seguridad se ha trazado un camino claro para enfrentar esta forma de violencia de manera frontal y eficaz.
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